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Escrito por: Martha Chávez

Cananea, Sonora, a 06 de febrero de 2026.- La falta de pago a trabajadores activos, pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Naco ha derivado en una crisis administrativa y financiera con repercusiones legales ante la orden de un juzgado federal para cubrir las pensiones adeudadas mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo promovido por los afectados.

En entrevista, el regidor de Movimiento Ciudadano, José Luis “Pepe” Torres, señaló que desde finales de 2023 comenzaron a acumularse retrasos en salarios, aguinaldos y pensiones, alcanzando en algunos casos adeudos de hasta seis quincenas.

Esta situación provocó manifestaciones de ciudadanos y trabajadores frente al Palacio Municipal, quienes exigieron el cumplimiento de sus derechos laborales y el restablecimiento de servicios básicos.

Torres explicó que un grupo de pensionados y jubilados promovió un juicio de amparo ante un juzgado de distrito en Agua Prieta, el cual concedió la suspensión definitiva para que el Ayuntamiento cubra el pago de las pensiones en la misma forma y periodicidad en que se realizaban anteriormente.

Indicó que la medida tiene carácter provisional y busca evitar afectaciones a la subsistencia de los beneficiarios, dado que la pensión representa su principal fuente de ingresos.

De acuerdo con el regidor, pese a que la resolución judicial fue emitida en diciembre de 2025, las autoridades municipales no han atendido el mandato ni han proporcionado información clara sobre la situación financiera del Ayuntamiento.

Señaló que en Cabildo se intentó aprobar un exhorto para acatar la sentencia, pero la propuesta no prosperó, mientras continúan los adeudos con trabajadores y pensionados.

Durante la entrevista también se expusieron presuntas irregularidades en la administración de los recursos municipales. Entre ellas, el uso de un adelanto de participaciones estatales que había sido autorizado para el pago de aguinaldos, pero que presuntamente fue destinado al pago de nómina ordinaria.

Torres indicó que, aunque el alcalde ha argumentado una disminución de participaciones, los estados financieros reflejan ingresos ordinarios y extraordinarios dentro de los márgenes esperados.

Agregó que entre el 60 y el 70 por ciento del presupuesto municipal se destina al pago de nómina, lo que limita la inversión en servicios públicos y señaló la existencia de un rubro de “apoyos” que, dijo, opera como una nómina paralela sin suficiente claridad administrativa.

Aunado a ello, afirmó que la Contraloría municipal se encuentra sin capacidad operativa desde hace meses, lo que ha impedido dar seguimiento a denuncias internas, mientras que el Instituto de Auditoría y Fiscalización mantiene observaciones pendientes que podrían derivar en procesos formales.

Finalmente, Torres reiteró que el pago a trabajadores y pensionados no debería depender de protestas ni de resoluciones judiciales, sino del cumplimiento puntual de las obligaciones municipales, y aseguró que continuará presentando documentación y promoviendo acciones para esclarecer el manejo de recursos y atender la situación laboral de los afectados.